Tras la explosión ocurrida el pasado 7 de marzo en la planta de almacenamiento de gas licuado de petróleo (GLP), de la empresa Blue Flame en Pozos de Santa Ana, conversamos con Yancy Ureña, Presidenta de la Asociación de Vecinos de Bosques de Santa Ana, ASOBOSQUES.
Ustedes como vecinos (as) ya venían advirtiendo el peligro de esta planta. Tras la explosión e incendio de marzo de 2026, ¿cómo cambió el día a día y la percepción de seguridad de las familias que viven en los alrededores?
Cambió completamente. Antes hablábamos de un riesgo advertido; después de la explosión e incendio, ese riesgo dejó de ser una preocupación teórica y se convirtió en una realidad vivida por las familias. Actualmente entendemos que los permisos están suspendidos, las patentes canceladas y que la empresa no podría operar hasta demostrar que se encuentra plenamente a derecho. Sin embargo, la preocupación va más allá de una empresa específica: se trata de cómo se planifica el territorio cuando actividades de alto riesgo quedan cerca de viviendas, centros educativos, comercios y vías de alto tránsito.
La comunidad ha luchado fuertemente para que la Municipalidad de Santa Ana no modifique el uso de suelo a favor de la empresa. Desde la perspectiva de los vecinos (as), ¿cuáles son los criterios mínimos que debería exigir una comunidad para garantizar que la industria pesada o de alto riesgo no colinde con zonas residenciales y escolares?
El criterio mínimo es respetar el carácter residencial consolidado del sector. Durante más de treinta años, esta zona ha sido Zona Residencial de Alta Densidad conforme al Plan Regulador vigente desde 1991. La existencia de infraestructura industrial no significa industria consolidada: el antiguo CEDI está inactivo desde 2013, la ladrillera se fue y Empaques Santa Ana también abandonó el sector. Esos usos no conformes no deben usarse para cambiar la vocación futura del territorio. Deben exigirse estudios urbanísticos, análisis de compatibilidad, riesgo, tránsito, Bomberos, Salud, SETENA, MINAE, AYA, rutas de evacuación y participación ciudadana real.
Con las recientes revelaciones de que en el MINAE presuntamente se alteraban informes y se ignoraba al Cuerpo de Bomberos, ¿qué mecanismos de auditoría ciudadana o de transparencia necesitan las comunidades para poder verificar por sí mismas que las empresas vecinas cumplen con la ley y no operan bajo la mesa?
Nosotros siempre hemos creído en la institucionalidad y en la legalidad de las instituciones llamadas a regular, fiscalizar y proteger a las comunidades. Precisamente por eso, cuando surgen señalamientos graves, la respuesta debe ser más transparencia, trazabilidad y control independiente. Las comunidades necesitan acceso completo y comprensible a expedientes, permisos, inspecciones, informes técnicos, criterios de Bomberos, planes de emergencia, regencias ambientales, sanciones y medidas correctivas. Además, debe existir una auditoría o regencia ambiental verdaderamente independiente, ajena tanto a la empresa como a la Administración Pública, con respaldo legal, sin conflictos de interés y con informes públicos en lenguaje claro y comunal.
Durante el siniestro de marzo, la negligencia de la empresa bloqueó los sistemas automáticos contra incendios. Si ocurriera otra emergencia, ¿cuenta la comunidad con rutas de evacuación claras, protocolos vecinales o la infraestructura necesaria para protegerse, o dependen totalmente de la suerte?
El primer deber del Estado no es enseñarnos a huir; es evitar que actividades incompatibles con la seguridad de las personas se ubiquen junto a casas, escuelas y espacios públicos.
La comunidad no debería verse obligada a diseñar planes de evacuación para convivir con un riesgo que nunca debió ubicarse junto a viviendas. Toda comunidad debe tener protocolos básicos, pero eso no puede justificar la permanencia de una actividad industrial de alto riesgo en una zona residencial. El primer deber del Estado no es enseñarnos a huir; es evitar que actividades incompatibles con la seguridad de las personas se ubiquen junto a casas, escuelas y espacios públicos.
A pesar de la gravedad de lo ocurrido, el MINAE facilitó el traslado rápido de operaciones de la empresa a otra planta. Si tuviera al Alcalde de Santa Ana y al Ministro del MINAE al frente, ¿cuáles son las tres acciones urgentes e innegociables que la comunidad exige para sentir que el Estado realmente los está protegiendo?
Primero, revisión integral e independiente de permisos, patentes, viabilidades y condiciones de operación de actividades industriales o de alto riesgo cercanas a zonas residenciales. Segundo, respetar el carácter residencial del sector y no usar el nuevo Plan Regulador para legalizar hacia el futuro lo que durante años fue excepcional, no conforme o incompatible con la zonificación vigente. Tercero, establecer fiscalización permanente, transparente y participativa entre Municipalidad, MINAE, SETENA, Bomberos, Salud, AYA y demás instituciones. La comunidad no pide cierre de empresas ni pérdida de empleos; pide que la actividad industrial opere donde legal, técnica y ambientalmente corresponda.
¿Qué le diría a otras comunidades de Costa Rica que hoy están empezando a organizarse porque descubrieron que quieren instalar un proyecto de alto riesgo cerca de sus casas?
Que no esperen a que ocurra una emergencia para actuar. Soliciten expedientes, revisen usos de suelo, pidan criterios técnicos, documenten todo y no acepten respuestas generales. Una comunidad organizada no está contra el desarrollo; está a favor de que el desarrollo sea compatible con la vida, la salud y la seguridad. La prevención siempre será menos costosa que enfrentar una tragedia.
Además, Ureña agregó: «Nuestra lucha nunca ha sido contra una empresa ni contra el desarrollo económico. Siempre hemos creído en la institucionalidad y en el Estado de Derecho. Precisamente por eso defendemos que las decisiones públicas se sustenten en estudios técnicos, transparencia y legalidad. Lo único que pedimos es que se respete la vocación residencial que por más de treinta años ha tenido nuestra comunidad y que ninguna familia tenga que poner en riesgo su vida por una mala planificación territorial. El verdadero desarrollo no consiste en adaptar a las comunidades al riesgo, sino en ubicar cada actividad donde legal, técnica y ambientalmente corresponde, porque el progreso solo es verdadero cuando protege la vida, la seguridad y el bienestar de las personas».